LOS 4 PUNTOS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN MÉXICO

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la

educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población.

Los cuatro componentes fundamentales son: ACCESO

Se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros, como sucursales, cajeros automáticos, corresponsales y terminales punto de venta, entre otros. Es decir, los puntos de contacto entre las instituciones financieras y la población, desde una perspectiva de oferta.

USO

Se refiere a la adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más productos o servicios financieros, así como a la frecuencia con que éstos son utilizados. Es decir, uso se refiere a la demanda de servicios financieros la cual, a su vez, refleja el comportamiento y las necesidades de la población.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Se refiere a que los productos y servicios financieros que se ofrezcan a la población, se encuentren bajo un marco que garantice como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos efectivos para la atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas desleales y abusivas, así como la efectividad del marco regulatorio para favorecer la inclusión de la población y el resguardo de sus datos personales.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Se refiere a las acciones para que la población adquiera aptitudes, habilidades y cono- cimientos para estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como para evaluar la oferta de pro- ductos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a sus intereses, elegir productos que se ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos y obligaciones asociados a la contratación de estos servicios.

POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Política Nacional La Política Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CONAIF) , tiene como propósito orientar en una misma dirección las acciones y los programas de sus integrantes.

Dicha política reafirma la intención de impulsar y profundizar la inclusión financiera, apoyándose en la educación financiera y la protección al usuario, sin perjuicio de las acciones para mantener la estabilidad del sistema financiero y reducir los riesgos, como el lavado de dinero.

“El uso de efectivo en compras se encuentra arriba del 90% en montos menores a $500 a nivel nacional”

Si bien la inclusión financiera tiene como objetivo mantener la estabilidad del sistema financiero, mediante el control y uso de herramientas formales y reguladas, el indice de uso de efectivo en compras, se encuentra arriba del 90% cuando se trata de montos menores a $500 a nivel nacional.

Sin embargo las zonas mas altas en este fenómeno son el Occidente y el Sur con un 97% y 96% respectivamente. Este comportamiento nos indica que pese a que existe una política de inclusión, la mayor parte de la población aun sigue utilizan- do los pagos en efectivo y no solo de compras si no mas aún de servicios públicos.

En la Política Nacional está definida la visión, los ejes que permiten establecer el marco conceptual y líneas de acción, la estructura de coordinación con la que se implementará la Política Nacional y el marco de medición y evaluación. Cabe mencionar que el Banco reportó que aquellos países con una política pública de inclusión financiera logran mayores niveles de inclusión que aquellos que no la tienen.

La provisión de servicios y transacciones financieras se ha visto favorecida con las redes de comisionistas y se prevé que aun siga creciendo con la incorporación de las entidades de ahorro y crédito popular a este esquema de negocio.

Aun cuando se piensa que no habrá un crecimiento importante de este canal dado que las grandes cadenas ya se han incorporado a este modelo, se observa que no es así, pues las instituciones financieras continúan solicitando autorización para operar con las mismas o nuevas cadenas comerciales.

De acuerdo al tamaño de la población, se determinó que hay menos de diez municipios urbanos, cuya población es mayor a 50 mil habitantes, que aún carecen de sucursales y/o cajeros. Para este caso, el sector público y privado podrían entablar alguna estrategia para proveer servicios básicos en dichas localidades. Asimismo, se pueden diseñar estrategias para ir reduciendo la brecha entre los estados que tienen más puntos de acceso y los que tienen menos.